Violación de los derechos humanos de los Mapuches en Argentina, Informe de Auspice Stella

 

Naciones Unidas                                                                            A/HRC/34/NGO/66
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Asamblea General                                                                                

                                                                                                               Distr. general 20 de febrero de 2017

Español e inglés únicamente

 

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Consejo de Derechos Humanos

34° periodo de sesiones

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Exposición escrita* presentada por la Auspice Stella, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

 

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social. [13 de febrero de 2017]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) organización(es) no gubernamental(es).

Naciones Unidas A/HRC/34/NGO/66

Asamblea General Distr. general

20 de febrero de 2017

Español e inglés únicamente

A/HRC/34/NGO/66 2

Violación de los derechos humanos de los Mapuches en Argentina

I. Introducción histórica

El pueblo mapuche del Puelmapu (Argentina) formaba parte de las cuatro jurisdicciones territoriales del Estado Mapuche, conocida como Meli wixan-mapu. Esta entidad estaba representada por un Futa Koyang (gran parlamento), cuya función era salvaguardar los intereses y derechos de los pueblos y naciones que representaba. Tras un siglo de intensa guerra colonialista, la independencia de dichos pueblos fue reconocida por España el 6 de enero de 1641 en el tratado de Killen. Diversos mapas del siglo IX establecen que el Wallmapu, conocido en el mundo occidental como Araucanía y Patagonia, nunca formó parte de la jurisdicción de la Corona de España.

La independencia de la Nación Mapuche fue también reconocida de facto y de jure por los nacientes estados de Argentina y Chile al firmar tratados bilaterales con la Nación Mapuche y fortificar la frontera. Mientras en Chile el río Bío Bío era la frontera, en Argentina el presidente Alsina (1877) ordenó la construcción de una “Zanja Nacional”, compuesta de fosas y terraplenes, combinadas de fuertes y fortines, construidos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Córdoba hasta la provincia de Mendoza.

Entre 1879 y 1885, período en el que finalizó la resistencia armada de los pueblos indígenas, el General Roca anexó la Patagonia mediante una guerra genocida enclaustrada dentro del contexto de civilización y barbarie eufemísticamente conocida como “Campañas del Desierto”. Miles de personas fueron brutalmente asesinadas, los excombatientes y sus familias fueron enviados a campos de concentración, las comunidades (lof) disueltos y los jóvenes, mujeres y niños fueron esparcidos dentro del país en calidad de esclavos. Los conflictos territoriales que hoy existentes tienen su raíz dentro de ese esquema de opresión y despojo.

 

II Violación de las legislaciones

Los artículos 2,7 y 33 del Convenio 169 de la OIT establecen el derecho de los pueblos indígenas a “definir prioridades de su desarrollo y participación de los planes regionales y nacionales”. También la OIT establece el derecho a “la propiedad y posesión de tierras, territorio, hábitat y acceso a beneficios de recursos naturales”. Así mismo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recomienda la “contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económico y social”, “la libre determinación” y el “auto gobierno”. Hemos de constatar que existen demasiados ejemplos de la falta de respeto con que las autoridades argentinas hacen omisión de tales derechos y recomendaciones:

1.El Lof Paicil Antriao se encuentra amenazado por el crecimiento desaforado de Villa La Angostura, fundada en la década de los 30 en los territorios de su lof (comunidad). El crecimiento de la Villa está orientado a incrementar el turismo, en desmedro del ecosistema de la región, el territorio y la forma de vida de la comunidad mapuche. Las protestas de los comuneros están siendo criminalizadas por las autoridades que ceden a la presión de latifundistas y multinacionales. Las autoridades del gobierno de Neuquén utilizan el uso desmedido de la fuerza policial para incrementar la escalada de tensión y desacreditar los procesos judiciales puestos en marcha para la recuperación de los territorios. La Villa La Angostura es la zona donde más criminalización de las protestas mapuches se produce, con más de 10 de las 32 causas que enfrentan en toda la provincia.

2. Otros de los problemas que afectan a las comunidades mapuches son los desalojos. El lof Kinxikew está siendo amenazado de usurpacion de parte de su territorio ancestral por resolución del juez civil de Junín de los Andes, Andrés Luchino. La colono María Cristina Broers acusa a la comunidad de “usurpación” de tierra, hay que tener en cuenta que dicha comunidad está establecida en el lugar antes de la formación del estado argentino en 1810. Las causas y procesos judiciales que involucran desalojos de comunidades indígenas se extienden en todas las provincias del estado Argentino. En el caso particular de la nación Mapuche, existen amenazas de desalojos en la Provincia de la Pampa, comunidad Epumer; Provincia de Neuquen, Comunidad Maliqueo; provincia de Río Negro, comunidad Monguell Manuel; provincia de Chubut, Necull Mapu de la costa del Ñorquinco Sur, entre otros muchos ejemplos.

El “programa  fortalecimiento comunitario” del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los servicios jurídicos a su disposición están siendo ineficaces e insuficientes para solucionar los casos anteriormente mencionados.

 

3. El pasado 10 y 11 de enero hubo un desmedido y violento allanamiento en el Pu Lof en Resistencia, Departamento Cushamen, provincia de Chubut, autorizado por el juez federal Guido Otranto y por el juez penal provincial José Oscar Colabelli, los comuneros afirman que uno de los allanamiento (día 11) se efectúo sin orden judicial. Más de doscientos efectivos de la policía fuertemente armados irrumpieron violentamente en el lof (comunidad), ocho mujeres, doce hombres y dos niños resultaron heridos de diversa consideración durante los dos días consecutivos de represión. Destruyendo sus casas, mataron y secuestraron animales y se llevaron detenidos a diez comuneros. Según las denuncias de éstos, las represalias son por su compromiso de recuperar sus territorios usurpados por la empresa Benetton, que ha adquirido centenares de miles hectáreas de lo que otrora fuese su territorio ancestral.

El caso anteriormente citado tiene la deriva de la detención y maltrato en instituciones penitenciarias de Ricardo Antihual, Ariel Mariotta Garzi y Nicolás Hernández Huala, que fueron encarcelados en el penal de Esquel, donde denunciaron haber sido torturados. Entre los heridos graves se encuentra Emilio Jones Huala, con un impacto de bala en el maxilar izquierdo y Fausto Horacio Jones Huala con traumatismo de cráneo con pérdida de audición en oído izquierdo.

El 13 de enero pasado una delegación formada por organismos y personalidades ligadas a los derechos humanos visitaron a los detenidos para brindar su apoyo a la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de su territorio. Todos los delegados y representantes de la sociedad civil constataron los hechos anteriormente denunciados y criticaron con dureza las flagrantes violaciones de los derechos humanos.

4. Nueve mil familias están agrupadas en torno al colectivo del Movimiento Campesino Santiago Estero contra el desalojo silencioso al que se ven sometidos por terratenientes y grandes empresas que están extendiendo por la provincia el monocultivo de la soja transgénica. Según la portavoz Deolinda Carrizo, los títulos de propiedad de las tierras usurpadas provienen de prendas de deudas que habían acabado en los juzgados y que nadie sabe exactamente de donde salieron. Los principales problemas son el avance de las máquinas que allanan las lomas y desforestan llanuras, así como el vallado que agranda las propiedades de los terratenientes y empresas, al tiempo que achican el espacio de las comunidades.

5. El método de extracción denominado fracking afecta en Vaca Muerta, en la Patagonia, a agricultores y población mapuche. Tanto unos como otros reclaman estos áridos territorios horadados por esta controvertida explotación de la tierra que usa productos químicos a presión. El proceso es duramente criticado por ambientalistas, agricultores e indígenas, en la región de Neuquén, quienes denuncian la liberación de grandes cantidades de gas metano y la contaminación de los acuíferos de la región. Los agricultores critican la falta de legislación de las autoridades con respecto a este problema, el cual no solo está contaminando los acuíferos y las plantaciones sino que está llevando consigo una creciente especulación de los terrenos. Se están instalando pozos de extracción al lado de haciendas, las cuales pueden quedar contaminadas, y por lo tanto improductivas, y sus propietarios se están viendo obligados a vender sus terrenos. Así lo denuncia Sebastián Hernández, presidente de la asociación de fruticultores de Allen. A esta denuncia hay que añadir la de la doctora Luz Sepulveda, directora del centro de salud de Añelo, quien en una entrevista a EFE señaló una epidemia de gastroenteritis asociada al consumo de agua.

 

III Recomendaciones

Devolución a los pueblos indígenas de sus tierras de acuerdo a las normas internacionales y poner fin a la venta de sus territorios;

 Pedimos que cesen los allanamientos indiscriminados de las comunidades mapuches que luchan por la restitución de sus tierras ancestrales;

 Exigimos un juicio justo de los inculpados, ser juzgado por jueces imparciales e independientes y que se respeten sus garantías procesales;

 Pedimos que se investigue los presuntos malos tratos sobre Ricardo Antihual, Ariel Mariotta Garzi y Nicolás Hernández Huala y se castigue a los responsables;

 Pedimos que las legislaciones en materia de industrialización y desarrollo, se lleven a cabo respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas;

 Pedimos que se revise la política expansiva de monocultivos, así como el uso del fracking en la industria de la extracción por el impacto ambiental adverso en las comunidades mapuches;

 Pedimos el respeto al derecho a la autonomía y libre determinación del pueblo Mapuche, que permita definir sus propias prioridades;

 Respeto al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/036/50/PDF/G1703650.pdf?OpenElement

 

 

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